Eduardo Barcesat, especialista en temas del derecho, pasó por el aire de Radio del Plata y planteó las razones por las que presentó una acción penal contra Mauricio Macri por el convenio alcanzado con los holdouts, por la deuda en default.

Hay absoluta irregularidad jurídica en esto que se le dé un tratamiento distinto a los fondos buitres que el que se le dio al conjunto de los acreedores en los años 2005 y 2010. La propuesta tiene que ser uniforme para todos”, explicó el constitucionalista

“Nos están hipotecando, y el riesgo mayor es que los que aceptaron la quita, la mora y la reducción de intereses, que aceptaron la reestructuración de la deuda, al ver que han cambiado y hay un favoritismo a ciertos acreedores, van a volver a reclamar por aquello que se está comprometiendo a los fondos buitres”, resaltó.

Barcesat presentó una denuncia junto a los abogados Arístides Corti y Jorge Cholvis en representación del instituto Arturo Sampay por los supuestos delitos de “traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, investigación que quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello.

“Esto tiene fuertes sustentos en principios del derecho internacional consuetudinario. Son cláusulas llamadas Rebus iquentantibus y Ceteris paribus. Estas dicen, que estoy de acuerdo con la quita y la moratoria si todo permanece en las condiciones dadas pero si después mi deudor va y cambia las condiciones para otro se viene abajo toda la estantería y van a querer lo mismo que le están dando al otro”, explicó y aclaró que un eventual reclamo podría poner en jaque a las finanzas del país: “Va a significar la friolera de un piso de deuda de US$348.000 millones y un techo de US$500.000 millones según la tasa de interés que se nos aplique. Esto es hipotecar la nación argentina. Esto es un crimen ecónomico”.

Por último, en diálogo con Gustavo Sylvestre, sostuvo que si los buitres “logran de este gobierno enclenque jurídicamente que le den un pago privilegiado comparativamente con el que recibió el conjunto, esto es antijurídico. En nuestra legislación , si se hiciera en un concurso privado significaría una multa tremenda”.

Audio de la entrevista

Miércoles 16 de marzo de 2016

Fuente Gustavo Sylvestre