Que el gobierno de Macri ha ido tomando desde que asumió una tras otra medida tendiente a “liberalizar” la economía no es ninguna novedad; y es consistente con su ideología neoliberal.
Eliminación de los controles de precios, derogación de la obligación de las empresas de informar periódicamente su estructura de costos para justificar los pedidos de aumentos de precios, eliminación del plazo para que los exportadores liquiden divisas, desregulación casi absoluta del mercado financiero o del “encaje” a los capitales que vienen del exterior son algunas de las medidas que fueron en ese sentido; con los efectos conocidos y que en otras oportunidades hemos señalado acá.
Sin embargo, el “espíritu liberalizador” va más allá, excediendo el margen de lo opinable que puede ser una decisión de política económica, para rayar con situaciones de tolerancia y complicidad con el delito: veíamos hace poco como Macri propuso para conducir la Unidad de Información Financiera (UIF) a abogados que asesoraron a los principales acusados de haber lavado dinero de origen ilícito en el país; especialmente bancos como el HSBC que proveyeron la plataforma financiera indispensable a esos fines.
En ese marco, no puede sorprender la noticia que leíamos en El Cronista de ayer, que da cuenta de la desarticulación por parte del Banco Central del área que llevaba adelante los sumarios contra los bancos, entidades financieras, cuevas y personas acusadas de infracciones a la Ley 19.359, conocida como “ley penal cambiaria”; que reprime las operaciones ilegales del mercado cambiario.
Según da cuenta la nota, la nueva conducción del Central (absolutamente alineada con los intereses y preocupaciones de los bancos) ha interpretado al levantamiento del “cepo” como una especie de amnistía o indulto para todos los que tienen sumarios pendientes en el BCRA (que son más de 100.000) por operaciones cambiarias ilegales; desde los simples “arbolitos” que ofertan en la calle, hasta las “cuevas” de la city, creadas y sostenidas en la mayoría de los casos por los bancos; para reciclar guita negra de origen sospechoso y forzar la devaluación que finalmente se produjo apernas asumió Macri.  
Lo cual es bastante curioso porque -al menos hasta donde sabemos- no se ha modificado la Carta Orgánica del Banco Central, cuyo artículo 14 inciso i) le impone “Ejercer las facultades y poderes que asigna al banco esta ley y sus normas concordantes;, mientras que el artículo 29 inciso b) lo faculta a “Dictar las normas reglamentarias del régimen de cambios y ejercer la fiscalización que su cumplimiento exija.“; de modo que un organismo del Estado decide por sí y ante sí, dejar de cumplir con un rol que le asignan las leyes.

En beneficio de los bancos (los principales implicados en los sumarios por infracciones a la ley penal cambiaria, de un modo directo o indirecto) el gobierno deja a un lado otra promesa de campaña de Macri: aquéllo de que “tenemos que acostumbrarnos a vivir de acuerdo a las leyes y con premios y castigos, que el que las hace las pague”. 

Olvidando además que (tal como contábamos en su momento acá) el proyecto de Código Penal que elaboró una comisión de expertos (entre ellos Federico Pinedo) a pedido de Cristina, mantiene en su artículo 171 las regulaciones de la Ley 19.359, y la pena de prisión para los que operen irregularmente en el mercado de divisas; aun cuando no fueren reincidentes como lo dispone la ley actual.

Otro ejemplo más de la falacia “republicana” del neoliberalismo para el cual las leyes deben cumplirse, siempre y cuando no interfieran con los negocios.

Fuente NestorNautas