Mientras se multiplicaban en todo el país los cortes reclamando la libertad de Milagro Sala, se conoció el “protocolo de la protesta social” firmado por Patricia Bullrich, que parece ser hasta acá la principal (si no la única) respuesta del gobierno de Macri a la protesta, junto con la represión. En todo caso el protocolo expresa una suerte de “manual de estilo” de esa represión, o si se quiere, el “Plan Conintes” del presidente admirador confeso de Frondizi.
Conteste con su visión ideológica y sus apoyos electorales, ante una protesta social que ellos mismos avizoran in crescendo en los próximos meses (lo que supone que tienen conciencia cabal del efecto que provocan las medidas que van tomando) el gobierno articula una respuesta que es un guiño a su propio electorado; que reclama “mano dura” y “tolerancia cero” con los cortes, piquetes y protestas, elevados así a la categoría de amenazas graves a la seguridad pública.
De lo contrario no se entiende que sea justamente el “protocolo” una de las primeras derivaciones de la “emergencia en seguridad”, junto con la “ley de derribo” que -dicho sea de paso- el gobierno afirma haberestrenado exitosamente; sin que sea posible corroborarlo.
De enfocarse en los problemas que determinan la protesta a los fines de articular políticas públicas que les den respuesta, ni hablemos: para la derecha los reclamos en una sociedad son un problema de tránsito, no algo que deba ser atendido desde otra óptica. Y si los reclamos se originan en sus políticas, son apenas “palos en la rueda” puestos ante el avance de la “revolución de la alegría” que vino para “unir a los argentinos”.
Sobre el protocolo en sí es poco lo que se puede agregar a lo dicho por organizaciones como el CELS: implica un grave retroceso institucional y en términos democráticos en relación a los estándares construidos durante la década kirchnerista, como resultado del doloroso aprendizaje colectivo que dejó la crisis del 2001; cuyas responsabilidades políticas últimas -por cierto- la justicia sigue negándose a juzgar.
Como una broma macabra del destino, una de las principales protagonistas del desastre de la Alianza, autora directa de alguna de las medidas más impopulares del gobierno de De la Rúa, vuelve década y media después, a encabezar la represión a la protesta social: que no se diga que el nuestro no es un país que otorga segundas oportunidades, o que nuestra democracia carece de generosidad.
El “instructivo” no proscribe taxativa y terminantemente el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad para disuadir o dispersar las protestas (peor aun: Bullrich ha justificado en los medios la omisión con argumentos ridículos), legitima la filmación de las protestas con el pretexto de documentar el accionar de las fuerzas de seguridad, cuando al mismo tiempo restringe la labor de los medios presentes en el lugar de los hechos; mientras descarta que las postas de goma o las granadas de gas puedan ser –en determinadas circunstancias- armas letales; haciendo caso omiso a lo que indica la experiencia concreta como el caso Fuentealba.
No hay una línea clara de acción política limitativa o de encuadre del accionar de las fuerzas de seguridad (en todo caso: tan gravosa omisión es en sí misma toda una línea); lo que es completamente coherente con el hecho de que ningún funcionario del gobierno (comenzando por la propia Bullrich) repudió las represiones en Cresta Roja o a los municipales de La Plata, ni se ha sabido -al menos en lo que refiere a las fuerzas de seguridad federales- que los hechos hayan derivado en sanciones o depuraciones de ellas.
Desde luego que este “protocolo” es conteste también con el explícito apoyo del gobierno (comenzando por el propio Macri) a la detención por motivos políticos de Milagro Sala, y la correlativa estigmatización de los movimientos sociales; condenada hasta por algunos obispos de la muy conservadora Iglesia Católica.
El tono de matonismo que trasunta Bullrich en cada una de sus manifestaciones públicas (algo así como “dialoguemos, pero tienen cinco minutos para rajar de acá o los baleamos”) y sus “intolerancias” son una provocación abierta y deliberada: bien sabe que del otro algunos recogerán el guante e intentarán redoblar la apuesta, dando pie a una mayor crudeza represiva, que se intenta de tal modo legitimar de antemano.
Tal como lo señalaba ayer MarioWainfeld en su artículo en Página 12, una clara y deliberada “elección del enemigo” que hace el macrismo, que no sólo lo elige sino que lo “construye”, política y simbólicamente; con la complicidad de los grandes medios: Por algo la flamante conducción de la UIF investigará a Milagro Sala yla Tupac Amaru, pero no al HSBC y los bancos que proveyeron la plataforma para lavar dinero de origen ilícito; y por algo el “estreno” del flamante protocolo fue ayer en Plaza de Mayo, cuando trataron nada menos que de impedir la ronda de las Madres.
Pero las compadradas de Bullrich -que actúa como si tras una noche de copas quisiera que la cosa termine en una pelea de bar, pero más grave- serían anecdóticas si no transmitieran una señal peligrosísima hacia las fuerzas de seguridad; uno de los aparatos estatales (junto con la justicia) más necesitados de una urgente democratización que se traduzca en controles más firmes del poder político, no en el otorgamiento de cheques en blanco para actuar según su propio criterio discrecional.

De tal modo que compadreando para quedar bien con sus electores, el gobierno está echando las bases para que ante cualquier protesta social las fuerzas de seguridad se sientan alentadas e implícitamente a pasarse de rosca si lo creen necesario; acaso con la tranquilidad de que si ocurre una tragedia -tal como lo viene advirtiendo reiteradamente Zaffaroni- en Clarín ya tienen lista otra tapa de “La crisis causó…muertes”.

Fuente NestorNautas