La importancia del acuerdo con los fondos buitres es tan crucial para el gobierno de Macri, que él mismo ayer -en su reunión con las CGT- lo puso como condición para el despegue de la economía, a partir de la supuesta venida de inversiones que facilitaría. Una estrategia no muy inteligente, que pone en manos de Paul Singer et al (reacios a aceptar incluso la generosísima oferta del gobierno) nada menos que las llaves de nuestro crecimiento.

A esta altura de los acontecimientos y aunque no hayan pasados los famosos “100 días”, queda clara la estrategia de “Cambiemos”, y la orientación del plan económico: los motores del despegue serían las exportaciones y las inversiones extranjeras, para lo que es crucial “recuperar competitividad”, y volver a los mercados internacionales de capitales a tomar deuda; “para desarrollar obras de infraestructura”.

Para lo primero es menester enfriar la demanda interna (a la que le echan la culpa de la inflación, junto con la emisión monetaria, contra toda lógica de lo hechos) y rebajar “sueldos y jubilaciones altas en dólares”: anotemos en esa hoja de ruta la devaluación, la eliminación de retenciones, la apertura de las exportaciones, las paritarias con techo y los tarifazos de los servicios públicos. 

Para lo segundo es imprescindible (dicen) cerrar el entuerto con los fondos buitres, algo que de cuestión secundaria pasó a principalísima por el ostensible fracaso de Prat Gay en su estrategia para captar dólares (ver al respecto acá), pese a las generosas promesas.

Justamente sobre el diferendo con los buitres, leemos en El Cronista: “el magistrado volvió a correrle la cancha al Ejecutivo, al condicionar esa medida cautelar a favor del país al pago efectivo a los acreedores que acepten la propuesta argentina para salir del default antes de fin de mes. La propuesta de pago que efectuó el viernes pasado la Argentina a los holdouts está sujeta a dos condiciones: el aval del Congreso (que debe derogar la ley que impide pagar más que el canje) y el levantamiento de las restricciones para acceder al mercado por parte de Griesa, que bloquea el pago de bonos reestructurados y persigue toda operación de financiamiento que intenta el país desde junio de 2014. El Gobierno pidió ese gesto del juez para emitir nuevos bonos con los cuales hacerse de los u$s 6500 millones en efectivo que ofertó a los litigantes a cambio de sus sentencias reconocidas hasta el momento, valuadas en unos u$s 9000 millones..“. Lo ratifica Bonelli en Clarín: “Thomas Griesa tomó una decisión clave y delicada: no dará ningún respaldo a la Argentina hasta que el Parlamento avale y derogue las leyes que impiden viabilizar los futuros pagos.“. 

Pero lo que no dicen ni uno ni otro es esto que señala Lukin en Página 12: “Los buitres que quieran acceder a los términos financieros planteados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas tienen hasta el 29 de febrero. Pero ésa no es la fecha final. El texto elaborado por el ministro Alfonso Prat-Gay y los letrados de Cravath, Swaine & Moore sostiene que “las condiciones propuestas por Argentina otorgan a los tenedores de bonos en default una protección significativa, incluso si eligen no alcanzar un acuerdo para esa fecha, ya que la modificación o derogación de las leyes asegura que no habrán obstáculos legales para el arreglo de sus demandas”. El otro punto que, según reza el escrito, favorece la terminación del bloqueo, incluso si la adhesión no es completa, es que de esa forma el país podrá reinsertarse plenamente en el sistema financiero internacional y endeudarse para poder pagarles.” (las negritas son nuestras)

Para que se entienda: el gobierno argentino dijo en el juzgado de Griesa que no habrá obstáculos legales para pagarles a los buitres (sea que estos hayan o no aceptado su oferta) porque las leyes que lo impiden serán derogadas o modificadas. 

Esas leyes son básicamente dos: la Ley 26.886 (2013) o “ley cerrojo” y la Ley 26.984 (2014), o “ley de pago soberano local”. Mientras ésta última fue dictada para sortear los embargos de Griesa a los pagos a los bonistas que entraron en los canjes que se hacían a través del BONY Mellon, la primera es la más importante; porque en su artículo 2 prohíbe ofrecer a los acreedores que no ingresaron a los canjes del 2005 y 2010 (como los fondos buitres que litigan en el juzgado de Griesa) mejores condiciones que a los que sí lo hicieron, y su artículo 4 prohíbe ofrecerles incluso esas condiciones (las de los canjes) a los que litigan contra el país, y no desistan de sus acciones judiciales.

La secuencia diseñada por el gobierno de Macri es: 1) oferta muy generosa (más de un 70 % de lo fijado por Griesa en concepto de capital e intereses, a pagar al contado), 2) pedido de “stay” (cautelar) al juez para poder hacer los pagos a los demás bonistas sin que sean afectados o embargados por los buitres (por ejemplo los que no acepten la oferta) y 3) obtener la certeza de que el país podrá volver a emitir deuda en los mercados internacionales sin que el juez o los buites se lo impidan.

Este último punto en particular es crucial, porque la idea de Macri es pagarles a los buitres con nueva deuda que se tomaría emitiendo un bono por el valor del pago cash ofrecido. Sin embargo, Griesa se la pone difícil porque le exige que ese pago cash (a los buitres que aceptaron la oferta) lo hagan ya; para lo cual el Congreso debe derogar ambas leyes, cosa que Prat Gay da por hecho.

Más aun: le está diciendo que una vez derogadas las leyes, se sentarán a conversar con Paul Singer, NML y los fondos buitres más “duros”, e incluso les pueden mejorar la oferta ya generosa que hicieron a Dart y otros; lo que supone que el proyecto de ley que enviaría Macri al Congreso es un cheque en blanco: sólo derogaría los obstáculos de la leyes “cerrojo” y de “pago soberano local” sin dar mayores precisiones de la oferta que hará el país a los buitres; porque puede que la hecha no sea la definitiva, ni la única. 

En ese caso, el Congreso argentino estaría discutiendo una ley “a ciegas”, bajo la presión del plazo final para que la oferta sea aceptada por los acreedores y homologada por Griesa (el 29 de febrero); cuando a poco más de dos semanas de esa fecha, ni siquiera ha sido convocado a extraordinarias con ese objeto; sino solo el Senado para tratar los pliegos de los propuestos para la Corte y otros cargos.

Cualquier parecido con las leyes de flexibilización laboral, los cambios a la ley de quiebras o la derogación de la ley de subversión económica (para garantizar la impunidad de los banqueros) a pedido del FMI durante la crisis del 2001/2002, no sería pura casualidad: ¿volverá el Congreso a sesionar vallado, y a altas horas de la madrugada?

¿Se entiende ahora el apuro del gobierno por fracturar al bloque del FPV en Diputados, y la necesidad de tener guiños “amistosos” hacia todo el que de señales de “aportar a la gobernabilidad” desde el peronismo?

Claro que para tener éxito en esa empresa cuenta con la inestimable colaboración de los sectores de la oposición (en especial y en cuanto a nosotros interesa, del PJ) que comparten lo central de la propuesta de Macri para impulsar la economía; que se describe al inicio del post.

O que suponen (como se dijo acá) que pueden obtener los beneficios del “modelo” (dólares del exterior para hacer obras) sin los “daños colaterales” aparejados en el empleo, el salario, el consumo y el tejido industrial y productivo del país.

Fuente NestorNautas