Desde LatePaternal consideramos que el ejercicio de la memoria es fundamental para el desarrollo de un periodismo serio y responsable. Por este motivo realizaremos una serie de notas basadas en datos reales y concretos sobre hechos del pasado del Presidente Mauricio Macri.
Realizaremos una revisión de acontecimientos totalmente comprobables. Sencillamente queremos marcar una diferencia con el falso periodismo independiente de algunos personajes que presentan informes e investigaciones sin más intención que confundir, mentir y desprestigiar.

En febrero del 2001, cuando Mauricio Macri era el presidente de Boca Juniors, fue procesado por el juez en lo penal económico Carlos Liporace por contrabando. El citado juez acusó al actual presidente de la nación de cobrar reintegros por exportaciones e importaciones de autopartes de la empresa Sevel al Uruguay.

Para ese momento el padre del presidente, Francisco Macri ya se encontraba procesado por esa misma causa y tenía un embargo de 4.900.000 pesos. Luego el juez Liporace dispuso también el mismo embargo para su hijo Mauricio.

Sobre fines del mes de febrero del 2001, Mauricio Macri, fue notificado del fallo y ya se rumoreaba la posibilidad de alejarse de la presidencia del Club Boca Juniors. Esto era un manotazo de ahogado ya que e estatuto del club prevé que en caso de ser condenado debía renunciar automáticamente la presidencia.

El juez Liporace citó a Macri para ampliar su indagatoria para el miércoles 28 de de febrero. Para ser investigado por las exportaciones realizadas en 1993 por Sevel de Argentina a Sevel Uruguay. Actividad que le permitió a Francisco y Mauricio Macri cobrar reintegros por exportaciones., pero que a su vez, esas piezas, eran ensambladas en Uruguay para luego ser importadas a la Argentina en forma de automóviles terminados.

Con este tramado económico ilegal Sevel cobraba reembolsos por exportaciones y realizaba las importaciones con un arancel diferencial del 2 por ciento. El mismo fallo del juez explicó que Mari se beneficiaba con el sistema de importación compensada a partir de los automotores exportados.

Como pruebas sólidas fueron presentados los resultados de una investigación que se centró en las exportaciones realizadas en el año 1993. En la misma se comparó los números de chasis y de motor de 1300 vehículos. Esto trajo como resultado la confirmación que las mismas partes que salían de la Argentina a su vez eran reingresadas en el país, luego de ser compradas y vendidas por Sevel Uruguay y Drago SA, supuestamente controlada por Sevel, según fuentes judiciales.

El diario La Nación publicó que el cálculo aproximado realizado por los investigadores concluyó que Macri percibido, defraudando al Estado en reintegros en un monto de unos 7.000.000 de pesos. Cabe destacar y recordar que fue La Aduana del Estado Nacional la querellante en este expediente hasta el fallo del tribunal de alzada.

La investigación que comandó la fiscal María Gabriela Ruiz Morales permitió
establecer que mediante esta operatoria, sólo en 1993 se habrían evadido unos 14 millones de pesos. Pero los investigadores creen que esta práctica se mantuvo hasta 1995 por lo que la evasión pudo ser el doble.

Con estas pruebas sobre la mesa, que no demostraron un “supuesto contrabando” sino bien por el contrario, éstas aseveraron la existencia real de un delito que llevaron al juez Liporace, a instancias de los integrantes de la Sala B de la Cámara, el procesamiento de Mauricio Macri por el delito de CONTRABANDO AGRAVADO que prevé una pena de entre 2 y 10 años de prisión.

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