VS confirió vista a la fiscalía en los términos del artículo 180
del Código Procesal Penal de la Nación. Por ello, de acuerdo al artículo 188
del código vamos requerir la investigación del hecho. Norman Darío
Martínez denunció que el Presidente de la Nación fue director y
vicepresidente de la firma “Fleg Tradin LTD”, radicada en las Islas Bahamas
desde el año 1998. También, de otra sociedad denominada “Kagemusha SA”,
registrada en Panamá y aún en funcionamiento. A partir de la naturaleza de
dichas firmas, sociedades de las conocidas como “off shore”, el denunciante
traza una perspectiva de investigación que, tamizada por el Código Penal de
la República Argentina, justifica la apertura de una investigación. Pero antes
hay que hacer una aclaración.

En efecto, no se nos escapa que el dato que generó la
investigación lo realizó el “Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación” para poner al descubierto las múltiples caras de la fase
financiera de la relación social capitalista; en particular, el uso instrumental
de figuras societarias para eludir impuestos o lavar dinero proveniente de
actividades ilícitas. Tampoco la relevancia institucional de quien devino
imputado. No obstante, la labor del sistema judicial de nuestro país se ve
acotada a límites precisos: los de la ley vigente. En este caso, se habrá que
determinar, como primer paso, si el Señor Mauricio Macri omitió
maliciosamente completar su declaración jurada.

Se trata de la figura prevista en el artículo 268, ter, del
Código Penal, que establece: “En la misma pena [15 días a dos años e
inhabilitación especial perpetua] incurrirá el que maliciosamente, falseare u
omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban
contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables” Esa figura,
se incorporó a la legislación local, como parte de los compromisos asumidos
por el país en la lucha contra la corrupción. En otras palabras, como primer
Ministerio Público de la Nación
paso hay que chequear si Mauricio Macri con intención y voluntad omitió no
declarar esa participación societaria que le atribuye el denunciante.

El segundo momento de la investigación es más complejo.
Se vincula con determinar si la “vida social” de las empresas infringió algún
tipo penal y, en ese caso, si Mauricio Macri tuvo que ver con la puesta en
movimiento de ese comportamiento societal. Tampoco se nos escapa que ya
hubo aclaraciones públicas sobre ello. Pero aún así, el trabajo judicial es
determinarlo.

A efectos de llevar adelante la pesquisa, la fiscalía sugiere
que se obtengan los textos pertinentes de la agrupación de periodistas que dio
a conocer los hechos. Luego, que requiera a la Administración Federal de
Ingresos Públicos las declaraciones juradas de Mauricio Macri, también que
requiera al Señor Director del organismo un amplio informe que detalle la
dinámica tributaria y que especifique qué sujetos están obligados a declarar su
participación en sociedades off shore. Finalmente y como aún no se
implementó la Oficina de Ética Pública que prevé la ley específica (que es de
1999), la fiscalía sugiere a VS que requiera una opinión consultiva a la
Oficina Anticorrupción y a las Facultades de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires y Torcuato Di Tella, sobre el alcance de la obligación de
declarar sociedades de esta naturaleza, a la luz de la ley de ética pública. Con
respecto a la “vida societaria” de “Flag Trading LTD” y “Kagemusha SA” el
Ministerio Público Fiscal, estima que VS deberá solicitar un amplio informe
a la Inspección General de Justicia y a la Unidad de Información Financiera.

Finalmente, se requiere a VS que confiera intervención a la
Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

En virtud de lo expuesto, la fiscalía solicita a VS que tenga
por constada en tiempo y forma la vista conferida.

Fiscalía, 7 de abril de 2016

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