El mismo fue aprobado el día 30 de noviembre de 2016 por el Consejo de Plan Urbano Ambiental (CoPUA) de la Ciudad de Buenos Aires, en medio de un gran hermetismo, luego de tan sólo un día de análisis y debate. Esto representa un caso de extrema gravedad, ya que ésta es la norma que regirá la planificación urbana de toda la Ciudad y por este motivo demanda un debate amplio y abierto de cara a la sociedad.

Estela Di Legge y Ariel Pradelli fueron los únicos dos consejeros que emitieron un dictamen de minoría en el que solicitan extender el tratamiento del actual proyecto, el cual prioriza los intereses de los desarrolladores inmobiliarios -quienes participaron en el diseño del mismo a través de sus técnicos- por sobre las necesidades y problemáticas que aquejan desde hace tiempo a los y las habitantes de la Ciudad: el aumento de familias inquilinas; la pérdida de espacios verdes; los procesos de gentrificación de los barrios; el colapso de los servicios públicos; la sobreconstrucción y la pérdida de las identidades barriales; la falta de democracia en la discusión de la planificación; la mercantilización y privatización de lo público; la disminución grave del banco de tierras públicas; el deterioro ambiental; la destrucción del arbolado público; la especulación inmobiliaria; la crisis habitacional; la distribución desigualitaria de la riqueza producida por la ciudad; etc.

Aunque hasta el momento el texto no ha sido publicado oficialmente ni por el Gobierno de la Ciudad ni por los consejeros del CoPUA, que pretendían mantenerlo en el más estricto secreto, el mismo fue difundido por el Observatorio del Derecho a la Ciudad.