Pongámosle que la ley de medios fue fruto de la pelea del kirchnerismo con Clarín, y es real: lo fue, sobre todo después del conflicto con las patronales del campo. Y pongámosle también que se la aplicó en forma despareja, o poniendo el acento en desmantelar al multimedios en lugar de otros conglomerados de medios, o de priorizar otros fines de la misma ley. Tampoco vamos a discutir eso acá u ahora.

Pero nada de eso nos puede hacer perder de vista los hechos esenciales del proceso: una ley de la democracia votada por el Congreso vino a reemplazar un bando de la dictadura, coronando además la larga lucha de un montón de colectivos sociales por el derecho a la comunicación plural y diversa; y fue puesta en tela de juicio simplemente porque tocó los intereses del grupo de medios más poderoso del país: eso es lo esencial.

Un grupo de medios que apeló a todas las complicidades que fue sembrando por años en todos los recovecos del aparato del Estado, desde la justicia al Congreso, pasando por la propia AFSCA (cuyos directores “por la minoría” eran vulgares cadetes suyos(), y ahora también al gobierno. 

Accediendo a privilegios que le permitieron sortear por años la obligación de cumplir con la ley, privilegios que son inaccesibles para cualquier ciudadano común, por apremiante o angustioso que sea su reclamo al Estado: que algunos de sus amanuenses como Lanata o Tenenbaum lo consideraran “el más débil” en la disputa solo puede entenderse como un sarcasmo.

La ley de medios fue un modelo de construcción política, debatido a lo largo y a lo ancho del país, lo que la legitimaba aun más -incluso- que otras leyes ampliatorias de derecho ssancionadas durante el kirchnerismo. Todo eso se fue al canasto en un par de semanas, y con apenas un par de decretazos que soslayaron al Congreso, para cumplir con las exigencias del pliego de Magnetto.

Ni siquiera la deficiente implementación de la ley o su supuesta obsolecencia en términos tecnológicos justificaban borrarla de un plumazo, evitando el debate en el Congreso donde está representada la soberanía popular, o hacerlo estéril. En definitivas, la metodología utilizada comprueba que los argumentos para tumbar la ley no resisten ningún debate a la luz del día; como quedó claramente demostrado en las audiencias públicas en la Corte Suprema cuando se debatía su constitucionalidad, por cierto ratificada. 

La pelea por la ley de medios siempre fue -al menos para nosotros- por sobre todas las cosas, la disputa entre el poder político y las instituciones de la democracia por un lado, y el poder económico por el otro. La “prueba ácida” de la que hablaba Cristina cuando envió el proyecto al Congreso, que las instituciones de la democracia  no pudieron superar.

Miremos desde la misma perspectiva las peleas que el kirchnerismo (bien, mal, con decisión, a los tumbos, con bisturí o con motosierra) dio contra otras corporaciones como el mal llamado “campo” o la mal llamada “justicia”. Y pensemos en aquéllas batallas que no emprendió o en las que nunca avanzó con decisión porque no supo, no quiso o no pudo: la reforma financiera o los abusos de los formadores de precios con posición dominante en el mercado.

Pensemos en todos esos conflictos -reales o potenciales- u en las “reformas estructurales” que siempre se suelen agitar como banderas desde las izquierdas o los “progresismos”: el control del comercio exterior o del manejo de los recursos naturales, por citar los más frecuentes.

En todos esos casos la disputa de la política contra los intereses creados requiere no solo alinear todas las fuerzas posibles y medir las circunstancias en las que pelea ha de darse (algo que muchos le criticaron al kirchnerismo), sino captar el sentido común de las mayorías, del hombre de a pie en la calle; al que esas mismas corporaciones le hacen identificar sus intereses con los propios, y no pocas veces logran movilizarlo en su defensa: así pasó en el conflicto del campo, y así pasó justamente en el caso de la ley de medios.

Pero está claro que sus intereses no son los mismos de los grandes grupos económicos, como cualquiera puede comprobar fácilmente cuando le llega la factura del cable, o va al supermercado. Pero aun en esos casos, suele descargar la culpa en el gobierno, aunque ese gobierno haya tratado de disciplinar a esos intereses, y sin que esto implique desconocer que se han cometido errores en esa tarea: la crítica no suele ser unívocamente por exceso o defecto de intervención del Estado, sino que por lo general zigzaguea entre una y otra variante. 

Con la ley de medios tumbada por la voluntad unipersonal de Magnetto (porque al fin y al cabo Macri en todo esto fue apenas un instrumento, un “puesto menor”) hoy tenemos menos democracia que antes, no más.

Y el precedente que sienta a futuro sobre los límites de esa democracia y sus posibilidades de ensancharse y ser -en consecuencia- más democrática es funesto: ha quedado comprobado claramente (hasta tanto la política no demuestre lo contrario) que el poder económico nos deja “jugar a la democracia” en tanto y en cuanto no nos metamos con sus intereses, ni afectemos sus negocios.

Si además a esa rendición incondicional de un gobierno legítimo (elegido nada menos que por más del 51 % de los ciudadanos, en elecciones libres y sin proscripciones) a los intereses de un grupo empresarial se la pretende justificar como un sacrificio necesario para garantizar la “gobernabilidad” (“se terminó la guerra contra el periodismo” debe traducirse como “nos rendimos, no soportamos cuatro tapas en contra”) hay que ser muy mezquino para interpretar que solo el kirchnerismo perdió la disputa: en realidad, menos Clarín, perdimos todos.

Fuente: NestorNautas