En la noche de ayer, alrededor de sesenta veteranos de guerra de Malvinas procedentes de distintos lugares de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires se dieron cita en el Club La Paternal para abordar una serie de temas que revisten especial interés para este colectivo.

Uno de los principales puntos tratados fue la presentación conjunta que se realizará ante la ANSeS para reclamar que el pago de la pensión honorífica que reciben los excombatientes se haga retroactivo a 1982. Al respecto, Carlos Garrido, ex conscripto del Regimiento de Infantería Patricios y uno de los organizadores de la reunión, explicó en diálogo con Late Paternal: “Venimos reclamando reconocimiento histórico desde el año ’82. En 1990 nos otorgaron un subsidio social que en 1996 pasó a ser por ley una pensión de guerra cuyo monto se correspondía con el sueldo de cabo en actividad. En 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se convirtió en una pensión honorífica equivalente a tres jubilaciones mínimas. Lo que pretendemos es una compensación de esa pensión -que alcanza a ex colimbas y civiles- desde la fecha del comienzo de la guerra con sus actualizaciones, intereses y costas”.

Respecto de este punto, existe un importante antecedente que data de agosto del año pasado cuando el fiscal federal de la Seguridad Social, Gabriel de Vedia, dictaminó sobre el expediente “Julio Pera y Otros Contra ANSeS” que se debe otorgar el estatus de veterano de guerra de Malvinas desde el inicio -o por lo menos del cese- del conflicto bélico. Esto quiere decir que los excombatintes tienen derecho a la liquidación del beneficio desde el 2 de abril de 1982, lo cual supone declarar la inconstitucionalidad del artículo 5 del decreto reglamentario 2.364/90 que limita la liquidación del beneficio a partir de la fecha de sanción de la ley 24.652 (publicada en el Boletín Oficial el 28/06/1996).

Otro de los temas que se tocó fue la necesidad de mantener una reunión urgente con las autoridades del PAMI para conocer las futuras implicancias en materia de salud para los excombatientes que tendría el cambio de figura que sufrió la institución, pasando de ser una obra social a una fundación.

Finalmente, se abordó la cuestión referida al  anexo 40 de la ley 22.674/82 que dispone el pago de un Subsidio a personas con inutilización o disminución psicofísica por su intervención en el conflicto con el Reino Unido. En este aspecto, Garrido apuntó que “es el Ejército argentino el que debe hacerse cargo del mismo y no lo está haciendo, incumpliendo así todos los fallos judiciales. Frente a esta situación, exigimos respuestas inmediatas por parte del Estado”.