Hoy es un día histórico en el que la marea verde inundó las calles aledañas al Congreso de la Nación, para que la Cámara de Diputados le dé media sanción a la ley de aborto legal, seguro y gratuito. También un día como hoy, pero 14 años atrás, la Corte Suprema de Justicia también hacía historia al declarar inconstitucional la Ley 23.492, conocida como de Punto Final.

Esta norma establecía la caducidad de la acción penal o prescripción contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas -que involucró detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinatos- que tuvieron lugar durante la dictadura cívico-militar del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976–1983) que no hubieran sido llamados a declarar “antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley”.

El proyecto había sido presentado en el Congreso por los diputados Juan Carlos Pugliese, Carlos A. Bravo y Antonio J. Macris y promulgado el 24 de diciembre de 1986 por el presidente Raúl Alfonsín. En lo que fue uno de los golpes más duros para miles de argentinos que se habían sumado a la militancia al calor de la llamada “primavera democrática”. Muchos ciudadanos lo vivieron como una traición por parte del caudillo radical, quien durante la campaña electoral de 1983 había prometido expresamente que no habría impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado y había impulsado el Juicio a las Juntas en 1985.

Este retroceso en materia de Derechos Humanos se profundizó unos meses después con la Ley de Obediencia Debida (Ley 23.521), reglamentada por Alfonsín el 4 de junio de 1987. La misma establecía una presunción iuris et de iure -es decir, que no admitía prueba jurídica alguna en contrario- respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles.

En el año 1998, el Congreso Nacional derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Cinco años más tarde, la entonces diputada Patricia Walsh (Izquierda Unida) presentó en la Cámara baja un proyecto para anular estas leyes, que contó con un fuerte apoyo del Presidente Néstor Kirchner. El 21 de agosto de 2003, luego de un largo debate en ambas Cámaras, el Senado aprobó la ley por la que se declaran “insanablemente nulas” ambas normas. La anulación -que, a diferencia de la derogación, operaba de forma retroactiva- de las llamadas “leyes del perdón” o “leyes de la impunidad” fue sin lugar a dudas la piedra angular de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que se implementaron posteriormente hasta diciembre de 2015.

Es preciso recordar además que se pronunciaron por la nulidad de la ley los diputados del justicialismo y los de los partidos de centroizquierda e izquierda. Votaron en contra los legisladores de los partidos de derecha, como el diputado de Fuerza Republicana Ricardo Bussi, acompañado por ucedeístas, cavallistas y seguidores de Ricardo López Murphy. En tanto, los diputados radicales cayeron en la perplejidad de la contradicción, ya que su partido había sido el impulsor de la Ley de Punto Final, y decidieron abstenerse.

En tanto, en el Senado el proyecto de nulidad, impulsado por el bloque del PJ y resistido por el de la UCR, supuso para los senadores peronistas un claro alineamiento con el Presidente Kirchner y su voluntad de que los genocidas sean juzgados en la Argentina y no en el exterior. Minutos antes de las dos de la madrugada, la Cámara aprobó por 43 votos a 7 la nulidad de las leyes del Obediencia Debida y Punto Final. Debemos recordar que la mayoría de los radicales votaron en contra, Luis Falcó, Raúl Baglini y el jefe de bloque Carlos Maestro fueron algunos de los que hicieron largos discursos en contra de derogar las normas.​

La ley que anuló las “leyes del perdón y de la impunidad” fue promulgada por Kirchner el 2 de septiembre de 2003. Dos años después, el 14 de junio de 2005, en una decisión histórica, la Corte Suprema de Justicia convalidó la anulación y declaró inconstitucionales las mencionadas leyes, lo que permitió que cientos de represores, civiles y militares, cuyos enjuiciamientos se interrumpieron en 1986, fueran nuevamente juzgados. El Congreso acompañó la declaración de nulidad de las leyes con la aprobación de su rango constitucional para ser elevada a la Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, la cual fue ratificada por el presidente Néstor Kirchner un día antes.