El Presidente y sus familiares del holding Socma figuran en al menos treinta sociedades en guaridas fiscales, de acuerdo con un relevamiento del diputado Martínez (FpV). El legislador advirtió sobre las posibilidades de blanqueo que abrió el decreto de la semana pasada.

Existen al menos 30 sociedades offshore directamente vinculadas a la familia del presidente Mauricio Macri y directivos del holding Socma. A ese grupo de compañías constituidas en guaridas fiscales se suman otras 18 sociedades donde funcionarios del Gobierno y colaboradores del mandatario figuran como directivos. El relevamiento fue presentado ayer por el legislador del Frente para la Victoria Darío Martínez, al cuestionar el nuevo decreto de la Casa Rosada que habilitó a los familiares de funcionarios a participar del blanqueo de capitales.

“Este listado es incompleto, estamos seguros que hay muchos más funcionarios de este gobierno que ocultan sus fondos en el exterior y querrán aprovechar el decreto y presentarse al blanqueo”, lanzó el diputado neuquino, quien impulsa las denuncias contra Macri por su vinculación no declarada en las estructuras offshore que salieron a la luz con los Papeles de Panamá.

La offshore más conocida del listado es Fleg Trading. La firma radicada en Bahamas en la que el presidente Macri, su padre Franco y su hermano Mariano conformaron el directorio fue establecida en 1998 con la colaboración de los expertos panameños de Mossack Fonseca. En el relato construido desde la Casa Rosada, la compañía ubicada en un reconocido paraíso fiscal fue creada para canalizar la instalación de Pago Fácil en Brasil, pero como ese negocio nunca se realizó la offshore quedó abandonada e inactiva en la isla caribeña. Una investigación de PáginaI12, sin embargo, reveló que Fleg Trading estuvo activa, participó del intento del holding por instalar Pago Fácil en el país vecino, tuvo cuentas bancarias y realizó transacciones por más de 9 millones de dólares. Tras la denuncia de Martínez, la causa quedó a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado.

Ante los duros cuestionamientos de la oposición y aliados de Cambiemos como Elisa Carrió, el Poder Ejecutivo modificó el texto original de la ley de blanqueo para excluir a funcionarios y familiares del sinceramiento fiscal. Sin embargo, la semana pasada el Decreto 1206/2016 cambió la ley para habilitar a esos individuos a blanquear activos. “Si el Gobierno insiste en mantener este decreto, todos los partidos políticos debemos comprometernos a abrir una amplia investigación sobre aquellos que se aprovechen de esta flagrante violación a la ley”, expresó Martínez. El diputado ofreció una aproximación sobre los riesgos de esa decisión al difundir el extenso listado de firmas offshore vinculadas al Grupo Macri y funcionarios del Poder Ejecutivo.

La documentación contempla las empresas offshore asociadas a Franco Macri como Kagemusha, donde también figura en el directorio el Presidente. Asimismo, releva las empresas panameñas (como Le Mare A-18, Joy B-28, Serenity C-44 y Yoo H-45) inscriptas a nombre de Gianfranco, hermano mayor del mandatario, que fueran expuestas por este diario. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; el subsecretario legal del Palacio de Hacienda, Carlos Augusto Lo Turco; el subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria, Jesús María Silveyra, y la secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones, Clarisa Lifsic, son algunos de los funcionarios mencionados en el listado de 48 firmas publicado por Martínez.

La proliferación de firmas a nombre de la familia Macri montadas a través de la red global de servicios financieros offshore expone un comportamiento sistemático del holding Socma y sus miembros para canalizar sus negocios. El uso de empresas offshore en el entramado societario de los Macri es una práctica compartida con el resto de la cúpula empresaria argentina. “Seguramente Macri y sus voceros seguirán argumentando que ‘tener una sociedad offshore no constituye delito’, que ‘cualquiera tiene una’, que hay una ‘confusión de nombres’ y que, ‘jamás tuvieron cuentas o actividad financiera’”, expresó Martínez al indicar que para la Justicia argentina las offshore no son inocentes estructuras jurídicas, sino verdaderos instrumentos para cometer delitos”.

Fuente Página 12