La recolección de residuos es una de las actividades empresariales más rentables y en la Ciudad de Buenos Aires lo es aún mucho más, ya que el gobierno paga por este servicio hasta tres veces más de lo que cuesta en otras capitales del mundo. Esto llama aún más la atención -o no tanto- si se observa que las empresas prestatarias fueron aportantes en la campaña electoral de Mauricio Macri en 2015.

Según una investigación del periodista Ezequiel Orlando para El Destape Web, “los porteños pagarán este año $16.428 millones para limpiar las veredas y tratar los reciclables, lo que equivale al 7,4% del presupuesto total que maneja el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y supera al gasto en Vivienda y Transporte sumados.” Esto genera más ruido aún cuando se compara ese gasto con el de 4.264 millones -cifra convertida de euros a pesos al tipo de cambio actual- que el ayuntamiento de la ciudad de Madrid realizó también en 2018. Esto equivale a decir que Madrid paga por el mismo servicio prácticamente la cuarta parte de lo que gasta el Ejecutivo porteño.

 

Los dueños de la basura en La Paternal

Actualmente, la Ciudad de Buenos Aires se encuentra dividida en seis zonas de recolección y limpieza, cada una atendida por una empresa de higiene urbana. La Paternal, donde el servicio ha sufrido inconvenientes en el último tiempo debido a conflictos gremiales, pertenece a la zona 6 que integra junto a los barrios de Villa Pueyrredon, Villa Urquiza, Villa General Mitre, Agronomía, Coghlan, Villa Ortúzar, Villa Crespo y Saavedra.

La firma encargada de la recolección de residuos sólidos urbanos y el barrido de la vía pública en dicha zona es popularmente conocida por su denominación de INTEGRA, sigla que corresponde a Innovación Tecnológica para la Gestión de los Recursos Ambientales. La misma es una unión transitoria de empresas (UTE) que se encuentra integrada en un 60% por Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICyF  (IMPSA) y en un 40% por Martín y Martín S.A. Esta UTE cuenta con 959 operarios que cumplen diferentes funciones como recolectores, barrenderos y personal de mantenimiento. Además, tienen 72 personas asignadas en áreas administrativas y de supervisión de operaciones y mantenimiento.

Contratista, amigo y aportante

Enrique Pescarmona fue uno de los empresarios privilegiados que acompañó al Presidente Macri al Foro de Davos en enero de 2016. Ese mismo año y gracias a su cercanía con el poder, Pescarmona evitó la quiebra de sus empresas mediante la presentación de un aval del Banco Nación con el cual logró reestructurar una deuda que rondaba los U$S1.100 millones.

Pescarmona integra además el listado de más de 2000 empresarios que le aportaron a Mauricio Macri un total de $120 millones para financiar su campaña presidencial, pagando $50.000 el cubierto en aquella cena realizada en La Rural en marzo de 2015.

Por último, recordemos que Pescarmona, a través de IMPSA y junto a Ashira, AESA y Urbasur, “le entregaron el 3% de su contrato a Delta Marketing Líquido, una compañía de publicidad, que aportó $500.000 a la campaña presidencial de Macri y aliada estratégica de la Fundación SUMA, de Gabriela Michetti”, según consigna Ezequiel Orlando en su investigación.

El sobreprecio o la estafa a los vecinos

El cobro de impuestos elevados e indebidos a los vecinos de La Paternal se explica únicamente a través del pago de sobreprecios a INTEGRA. Tomemos como ejemplo a la zona 5 de recolección de residuos de la Ciudad, la cual incluye a los barrios de Villa Riachuelo, Villa Lugano y parte de Villa Soldati. En dichos barrios el trabajo está a cargo de una empresa estatal denominada ENTE DE HIGIENE URBANA. La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) precisó que lo que dicha empresa realiza por $178.199 por cuadra, las contratistas privadas antes mencionadas lo facturan por $607.650, lo que equivale a una diferencia del 340%.

Esto quiere decir que los sobreprecios van a parar a los contratos de higiene tercerizados, donde se mueven $13.665 millones anuales, de los cuales $5.882 millones son destinados a la empresa IMPSA, según indica un informe publicado por la presidencia de la AGCBA a cargo de Cecilia Segura.

Late pudo dialogar con Segura, quien sostuvo al respecto: “Estamos ante el fracaso del sistema de recolección de residuos de Rodríguez Larreta, que es en el que más recursos se gastan en contratos. Esto implica además el incumplimiento de la Ley de Basura Cero, que le costó $3100 millones en concepto de multas a la Ciudad de Buenos Aires. Este sistema fracasó principalmente porque falló la política de reciclado, debido a la falta de inversión en la parte del sistema que nos permite reducir la generación de residuos”.

“Con el nuevo proyecto de incineración de residuos del macrismo lo que se está poniendo en riesgo son 5.000 fuentes de trabajo formales de las cooperativas de cartoneros y se calcula que otras 5.000 fuentes no formales, que son aquellas en las que el Gobierno debería haber invertido para poder cumplir con las metas estipuladas en la Ley” apuntó la presidenta de la AGCBA.