Seis de cada diez ocupados formalmente en la Ciudad de Buenos Aires tienen estudios de nivel superior o universitario, según lo indica la distribución porcentual de la población ocupada por máximo nivel educativo en el primer trimestre de 2017.

El porcentaje de la población formalmente ocupada de CABA que tiene la primaria incompleta es de sólo el 2,1% y un 4,6% tiene la primaria completa. Según la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Hacienda porteño, el 40% de la población ocupada posee un título superior, universitario completo o un postgrados incompleto o completo.

Por su parte, un informe publicado la semana pasada por UNICEF concluye que la educación primaria de la jefa o jefe de hogar es uno de los indicadores que determinan el nivel de pobreza durante la infancia y la adolescencia. Esto significa que una niña o un niño que vive al cuidado de un mayoar que no ha completado la educación primaria, tiene un nivel de pobreza monetaria 4 veces más elevado que aquel cuyo adulto a cargo tiene estudios secundarios completos o más.

Según UNICEF, la “pobreza monetaria” es la que alcanza a las personas que viven en hogares cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos y servicios (pobreza) o no pueden comprar sólo alimentos (pobreza extrema).

El 6,7% de la población con trabajo formal en la Ciudad de Buenos Aires posee sólo estudios primarios -completo o incompletos- y cabe hacerse la pregunta acerca de cuántas de las 160.879 personas desocupadas y de las 137.499 subocupadas de la Ciudad poseen estudios primarios y secundarios finalizados. Lamentablemente estos datos no son proporcionados por el gobierno.

Esto nos permite dimensionar el verdadero impacto alcanzado por programas como la Asignación Universal por Hijo, que comportan una importante transferencia monetaria directa hacia la población pobre e indigente: la propia UNICEF expresó que la AUH redujo un poco más del 30% la pobreza extrema.

El Plan FinEs es otra herramienta que equipara oportunidades, dándole la posibilidad de terminar sus estudios a quienes en muchos casos han quedado al margen del sistema educativo. A su vez, aquellos jóvenes menores de 24 años que estudian en el  Fines, pueden percibir una ayuda económica por parte del Estado mediante el plan PROGRESAR.

Esta batería de políticas, planificada desde un Estado socialmente responsable, contribuyó en su momento a la contención de aquellas personas que se encontraban por debajo de la línea de la pobreza. En los dos últimos años el proceso inflacionario, sumado la devaluación realizada por la administración de Mauricio Macri, han pulverizado su efectividad.