Micaela García tenía 21 años. Era mujer, joven, estudiante, novia, amiga, hija, sobrina, compañera y militante. El sábado la encontraron tirada en un descampado, desnuda, violada y asesinada. El homicida machista, Sebastian Wagner, hizo con ella lo que quiso. Y cuando ya no quedaba más, se deshizo de su cuerpo.

Para empezar, es necesario hablar de la responsabilidad que le cabe al juez Juan Carlos Rossi, quien dejó libre a Wagner a pesar de que cumplía una pena de 9 años por haber cometido dos violaciones y de que un informe del Servicio Penitenciario recomendaba no concederle la libertad transitoria. Esta decisión fue determinante en el femicidio de Micaela. Es el Estado a través de uno de sus tres poderes, puesto en acto en la decisión de un magistrado, quien facilitó las condiciones para que Micaela fuera asesinada. Pero ésta es solamente la punta del iceberg. El problema es aún mucho más profundo.

La violencia de género es una problemática social y el resultado de los imperativos ideológicos del patriarcado, en el cual el varón ocupa un lugar de privilegio exclusivo asociado al poder y al control. Esa violencia machista mató a Micaela y nos está matando a todas. Porque si bien no todas las mujeres hemos experimentado una violación o un abuso, todas estamos expuestas permanentemente a esa amenaza. Y eso es posible gracias a una lógica que busca mantenernos encerradas y recluidas en el ámbito del hogar, que ve con malos ojos que viajemos o que salgamos de noche solas y que nos advierte que, en caso de elegir mantener relaciones sexuales tan libremente como un varón, nos encontramos ante un gran peligro.

Por estas horas, muchas personas en las redes sociales apuntaban sus críticas hacia el juez Rossi por su condición de “garantista”. ¿Pero podría decirse que el garantismo, un enfoque ideológico dentro del derecho que tiene como objetivo limitar el poder punitivo del Estado en virtud de los derechos y garantías del individuo, es el culpable de la muerte de Micaela? Claro que no. En primer lugar, porque Rossi no actuó en este caso como un garantista, sino como un completo irresponsable. En segundo lugar, porque aquellas recetas en donde prima el endurecimiento de las penas o se reclama el sometimiento a los peores tormentos para los machistas violentos, no parecieran ser una solución frente al flagelo femicida que nos toca padecer a las mujeres en Argentina. Prueba de ellos son, por ejemplo, los vejámenes a los que son sometidos los violadores ni bien ingresan en el ámbito de una penal.

Es preciso que el Estado asuma un rol protagónico en la prevención de la violencia de género. Llevando adelante políticas educativas que se propongan erradicar el machismo de la formación de nuestros niños y niñas. Que implemente con decisión en los colegios primarios y secundarios el Programa de Educación Sexual Integral, dispuesto en la Ley 26.150 sancionada en 2006. Incluso, volviendo por un instante al juez, ¿es descabellado pensar en la posibilidad de que todos los funcionarios del Poder Judicial reciban formación en la materia?

Pero para ello se requiere voluntad política y Mauricio Macri no parece contabilizarlo entre sus prioridades. Para darse cuenta basta con observar que, desde el inicio de su gobierno, se cerró el programa de atención a víctimas de violencia sexual, se redujo al 50% el presupuesto de la Dirección General de la Mujer y se intentó eliminar del Presupuesto Nacional los $67 millones destinados al Consejo Nacional de las Mujeres, aunque tuvo que dar marcha atrás con la medida ante la presión de distintas organizaciones sociales.

Resulta clave entender también la importancia de que el proceso de educación igualitaria se desarrolle también en el hogar. Porque los violentos y femicidas no son “monstruos” o “chacales”, como suele sostenerse en los estudios de televisión. Son individuos educados y socializados en una matriz ideológica patriarcal que los interpela permanentemente en su condición de varones. Es decir que, si pretendemos una transformación radical, debemos poner en cuestión al patriarcado y para ello es imprescindible deconstruir el micromachismo.

Tenemos que educar mujeres capaces de identificarse y de organizarse colectivamente, constituyéndose como sujetas políticas dispuestas a librar la lucha por su liberación definitiva. Y debemos formar varones que sean capaces de pensar desde una perspectiva de equidad de género. Si transitamos ese camino, tal vez dejemos de escuchar expresiones tales como “¿Qué hacía sola a esa hora?”, “Mirá cómo estaba vestida” o “Era una atorranta”, donde la víctima siempre es difamada -como si no hubiera sufrido ya suficientes humillaciones- sin tener siquiera la posibilidad de defenderse. O, mejor aún, quizás llegue el día en que no tengamos que llorar a una nueva Micaela.