En las últimas horas del día de ayer trascendió que, a través de una resolución de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), el Gobierno había modificado la fórmula de cálculo de los aumentos de las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y AUH, que ordena la Ley de Movilidad Previsional.

Este cambio en la reglamentación de la norma implicaba que los incrementos correspondientes a los meses de marzo y septiembre de cada año fueran más bajos que con el sistema anterior: la estimación es que caerían de un 12,96 a un 12,65%. De este modo, la jubilación mínima pasaría de $ 5661 a $ 6377 y la máxima, de $ 41.474 a $ 46.721. El titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, había justificado la medida a partir de la existencia de una “sobreestimación de los porcentajes”.

No obstante, luego de que se encendiera una acalorada batería de críticas por parte de todo el arco opositor y hasta de integrantes del propio oficialismo -Elisa Carrió amenazó con pedir la renuncia de Basavilbaso- durante el debate en la Cámara de Diputados sobre la reforma del régimen de riesgos del trabajo (ART), el Gobierno parece haber dado marcha atrás con esta decisión. Así lo reveló el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien afirmó que Mauricio Macri “se comprometió a revisar el aumento a las jubilaciones con los miembros del Congreso”.