Esto ocurre en una semana clave para los empleados estatales, ya que el próximo jueves 31 de marzo es la fecha límite para la renovación de contratos en el Estado, lo que pone en serio riesgo la continuidad laboral de muchos de ellos.

Según precisó el gremio estatal en un comunicado, “la denuncia detalla que las políticas económicas del Gobierno erosionan el derecho al empleo de gran parte de sus ciudadanos, promueven una política regresiva en materia de derechos económicos y sociales y generan una alta desocupación”.

Desde que asumió, el alza de la desocupación se ha vuelto una preocupación cada vez más grande. De acuerdo a la consultora Tendencias Económicas, casi 110 mil personas perdieron sus empleos en 2016, de los cuales un 75% corresponden al sector privado.

En el Gobierno nacional, mientras tanto, continúan amenazando con más cesantías y hasta pusieron en duda la continuidad de 1,5 millón de trabajadores del Estado.

El DestapeWeb