Un día de septiembre del año pasado, en pleno debate sobre las operaciones de dólar futuro, el historiador económico Pablo Gerchunoff tuiteó con su humor habitual: “Equidad es que cada argentino pueda acceder a los futuros de Vanoli. Por una república de iguales”. Como es un tuitero frecuente, después se olvidó. En marzo recibió un e-mail muy amable del juzgado de Claudio Bonadio. Decía que querían consultarlo sobre el mercado de futuros. Arregló una cita y fue a tribunales. Antes repasó, por si debía ser didáctico, y dudó si alguna vez habría hecho ese tipo de operación. El juez le tendió la mano, le indicó su silla y lo dejó con su secretaria. Ella, de bienvenida, le advirtió que estaba bajo juramento y que si mentía le imputarían falso testimonio. El la miró con pánico. La mujer le mostró un papel con el tuit. “¿Lo reconoce como suyo?”, le preguntó. Enseguida recordó: “¡Sí, claro!”. “¿Usted piensa lo que dice ahí?”, siguió la secretaria. El experto reaccionó: “¿Pero usted sabe cómo funciona tuiter? ¡Sólo fue una ironía!”, tuvo que aclarar ante el absurdo.

El célebre tuit de Gerchunoff –quien fue jefe de gabinete económico de la Alianza– y su declaración testimonial bajo juramento, son apenas una muestra de qué tipo de pruebas hay y cómo se recopilan en la causa sobre las operaciones de dólar futuro en la que está citada a indagatoria para este miércoles la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y un día antes el ministro de Economía Axel Kicillof. Antes que eso, la Sala II de la Cámara Federal deberá resolver la recusación contra Bonadio presentada por Pedro Biscay, uno de los directores del Banco Central imputados (ver aparte). ¿Qué otras evidencias juntó el juzgado? Son –en esencia– opiniones de periodistas opositores al kircherismo, como Marcelo Bonelli, ideas de funcionarios macristas (el ministro Alfonso Prat-Gay declaró dos veces), palabras de economistas ortodoxos, otras de ex funcionarios y audios de radio Mitre. En cambio, no ordenó ninguna pericia contable que corrobore las pérdidas millonarias que, según su estimación, rondarían los 77 mil millones de pesos, a pesar de los reclamos de algunos de los implicados.

Fuente Periodismo.com